La presidenta del Govern, Francina Armengol, rechazó la petición de los hoteleros para que se suprima o rebaje el Impuesto de Turismo Sostenible, más conocido como ecotasa, para paliar el descenso en las ventas para la próxima temporada; una dinámica confirmada en la feria ITB respecto al mercado alemán. La decisión de Armengol es lógica cuando el tributo es uno de los emblemas políticos del Pacte durante esta legislatura, pero refleja una intransigencia preocupante ante uno de los efectos negativos que presenta, la pérdida de competitividad de Balears frente a los destinos alternativos, dentro y fuera de España. El Govern ha doblado, este año, el importe de la ecotasa durante los meses de temporada alta. La queja empresarial no es injustificada.
Una temporada compleja.
El peso tan trascendental de la industria turística en el conjunto de la economía balear obliga al Govern, con independencia de su color político, a atender las consecuencias negativas que puedan suponer sus decisiones. El valor estratégico del turismo en las Islas trasciende cualquier momento electoral como el actual, más cuando sigue sin estar justificada esta subida tan importante de la ecotasa durante los meses estivales. La recuperación de otros destinos del Mediterráneo, con precios a la baja y subvencionados, junto a la ralentización económica de Alemania y las incertidumbres del ‘brexit' configuran una coyuntura a la que el Govern no puede dar la espalda.
Fines turísticos o medioambientales.
Hay, además, otra queja unánime del sector turístico respecto a la ecotasa. El destino de la importante recaudación que supone este impuesto –aportada en su inmensa mayoría por los visitantes– es muy diferente al que justificó su creación, los fondos se desvían a iniciativas y proyectos que poco o nada tienen que ver con la actividad turística ni con el medioambiente. Este desvío –la construcción de viviendas sociales es un ejemplo– desacredita y prolonga la polémica aplicación de esta figura impositiva.