La concejala de Governació del Ajuntament de Sant Antoni, Aída Alcaraz (PSOE) ha gastado su último cartucho para evitar un juicio por supuesto delito de acoso laboral, por el viene siendo acusada por la acusación particular y también por la Fiscalía, que inicialmente solicita una condena de un año de cárcel y que indemnice a la presunta víctima con 5,175 euros. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso que su defensa presentó contra el auto de apertura de juicio oral acordado por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Ibiza. Consideran los magistrados de la sección primera de la Audiencia que hay “indicios bastantes” de que la aún regidora responsable de la Policía Local de Sant Antoni “hubiera participado en la comisión de los hechos” que se investigan en la causa.
Estrategia fallida.
En el auto judicial que desestima el recurso presentado por la acusada, se tumba uno por uno los argumentos defensivos de la edil socialista, inexplicablemente desvelados inútilmente en un recurso con graves dificultades para prosperar. Todas y cada una de las excusas planteadas a las actuaciones que llevó a cabo como concejala del equipo de gobierno de Sant Antoni, son arrumbadas por los jueces. “Que se lo explique al tribunal que la juzgue”, vienen a decir. Porque indicios de criminalidad hay, por más que se niegue.
Código ético del PSOE.
Aunque Alcaraz, dada su situación procesal, vaya a poner fin (al menos temporalmente) a su carrera política y no se presente a las elecciones, a día de hoy ocupa un cargo público de gran responsabilidad. Optó por aferrarse al cargo y agotar su mandato, incumpliendo de forma flagrante el Código ético del PSOE, que tampoco la ha suspendido de militancia pese a las acusaciones que pesan sobre ella. A pesar de ello y de todo lo que ha hecho por evitarlo, la Justicia deberá pronunciarse.