Tanto las normas electorales vigentes en nuestro país como la interpretación que de éstas realiza la Junta Electoral Central (JEC) requieren de una urgente puesta al día. El marco jurídico actual ha quedado obsoleto en un mundo globalizado en el que las redes sociales se han adueñado de la comunicación. Pretender blindar al electorado de las influencias políticas prohibiendo la publicación de encuestas en los días previos a las elecciones, cuando su información es accesible por internet en cualquier otro país, o condicionar la composición de los debates políticos en las televisiones privadas, son anacronismos jurídicos que deben quedar resueltos de manera urgente. La modernización de todo el marco electoral español ya es inaplazable.
Una injerencia inexplicable.
Las condiciones impuestas por la JEC tanto a RTVE como a Atresmedia respecto a los participantes en sus respectivos debates, excluyendo de los invitados a Vox, es una prueba más de la existencia de un encorsetamiento jurídico que debe quedar resuelto a corto plazo. Resulta inexplicable, además, que se imponga una tutela en los medios de comunicación privados, donde deben poder primar los criterios periodísticos sobre otras consideraciones. En cualquier caso, los propios partidos pondrán aceptar o no las condiciones de estos debates. En una sociedad democráticamente madura como es la española no caben estas ‘tutelas', que en verdad son restricciones a la libertad.
Información sin fronteras.
Es iluso pretender ocultar al electorado el contenido de las encuestas cuando éstas se publican a diario en los medios internacionales, como tampoco se entiende la permanencia de una ‘jornada de reflexión' cuando la petición del voto se mantiene sin ningún tipo de rubor en las grandes plataformas de internet. Carece de sentido mantener los subterfugios cuando el objetivo debe ser la garantía de juego limpio hasta el último momento y en igualdad de condiciones.