Los ayuntamientos han decidido, a las primeras de cambio, subir el sueldo de sus representantes políticos. Estas subidas normalmente se intentan llevar con discreción, con escaso éxito, pero siempre acaban provocando polémica, sobre todo entre los ciudadanos que no consideran que nuestros políticos deban cobrar más. En años de crisis estas subidas no se produjeron, de igual forma que los funcionarios tuvieron los sueldos congelados, pero con el nuevo escenario económico los dirigentes políticos creen que ha llegado la hora de mejorar también su situación personal. Las vacas gordas vuelven de nuevo a verse en nuestra vida política, ya veremos si acertadamente o no.
Demagogia.
Los políticos tienen que estar dignamente pagados porque en algunos casos asumen muchas responsabilidades, pero han sido precisamente ellos (o una minoría muy ruidosa) los que han provocado que las subidas de sueldo siempre se conviertan en polémica. Tenemos el caso de Vila, donde dos miembros del gobierno municipal, Aitor Morrás y Claudia Cotaina, ambos de Unidas Podemos, renunciaron al incremento salarial porque era una subida innecesaria, pese a que las retribuciones bajaron en 2015. Morrás negó que su decisión fuese populista, pero sin duda deja en mal lugar a sus compañeros de gobierno que sí aceptan el incremento salarial.
Contención del gasto.
El incremento del sueldo de los políticos es un síntoma de la mejoría de la economía, puede considerarse anecdótico en el contexto general del gasto de una Administración, y ahora las cosas van mejor que hace seis o siete años, pero convendría actuar con prudencia a la hora de gestionar el dinero público y no volver a las andadas con despilfarros y disparar el déficit que al final pagamos entre todos. El dinero en las administraciones no es infinito y por eso hay que actuar con responsabilidad y sensatez. No deberían olvidarlo.