Conceder una ayuda a una persona o familia para que pueda pagar el alquiler era uno de los aspectos positivos de la política de vivienda, un respiro para muchos ciudadanos de Ibiza y Formentera que de esta manera tenían una alternativa ante un mercado disparatado y por encima de lo razonable. Sin embargo, el Ibavi, el organismo que gestiona las ayudas para alquileres, ha tenido que excluir a más de 1.100 personas de las ayudas al alquiler por tener ingresos demasiado bajos. Sorprende que unas ayudas que nacen para facilitar la situación a la gente con escasos recursos penalice a los que menos tienen.
El ‘código’ k.
Ingresar menos de 5.639,69 euros significa formar parte del código K y no tener ninguna posibilidad para acceder a las ayudas que da el Govern para poder pagar parte del alquiler. Lógicamente esta exigencia ha provocado la indignación entre aquellos que más necesitan el dinero de estas ayudas, que son precisamente y con toda lógica las personas con menos ingresos. El Consell d’Eivissa pidió la pasada legislatura que se cambiase esta exigencia, pero el Govern no hizo ni caso. Podemos, el partido que gestionó el área de vivienda la pasada legislatura sumando fracaso tras fracaso, asume que es una situación disparatada y piden al Govern (la Conselleria de Vivienda la gestiona el PSOE) mayor sensibilidad. Pero no han hecho ni caso.
De fracaso en fracaso.
Poco más se puede decir sobre la política de vivienda del Govern. Durante la pasada legislatura demostraron su incapacidad para solucionar los problemas y es un opinión unánime que en cuatro años la situación ha empeorado. Ni se ha creado un parque de viviendas públicas ni se ha solventado con criterio la situación de todos aquellos que no pueden pagar el alquiler de un piso y se ven en la necesidad de compartir vivienda o residir con familiares, y en algunos casos más extremos en la calle. Lamentablemente, el futuro tampoco se afronta con demasiado optimismo. Se echan de menos iniciativas novedosas para dar un vuelco a la situación de una vez por todas.