La amenaza del recurso de inconstitucionalidad contra el abono de la carrera profesional de los trabajadores públicos de la Comunitat Autònoma ha quedado, al menos de manera parcial, neutralizada. El Gobierno central no denunciará ante el Tribunal Constitucional los complementos que el Govern abona a sus funcionarios, pero siguen en el aire numerosas cuestiones, como son los pagos a los interinos o los correspondientes a los trabajadores de los consells y ayuntamientos. En esta cuestión hay una importante controversia jurídica, con sentencias contradictorias, que no será fácil resolver y que afectan de manera muy sustancial a los emolumentos con cargo al erario público.
Complementos importantes.
El recurso que pretendía plantear Madrid hacía referencia a los actuales Presupuestos autonómicos, un obstáculo que el Govern progresista ha logrado salvar asumiendo con cargo a sus propios recursos el abono de los complementos –en general centrados en la formación– de la carrera profesional de sus funcionarios. No habrá, por tanto, una aportación financiera procedente del Estado por este concepto. La cifra global es de 130 millones de euros, a los que habría que añadir las partidas de los consells y los ayuntamientos. Cabe indicar que una sentencia del Tribunal Supremo señaló que los funcionarios interinos también debían ser beneficiarios de estos pluses.
Autonomía.
El acuerdo logrado con el Gobierno central alivia la presión que viene ejerciendo en materia de inconstitucionalidad de normas y propuestas legislativas del Govern, superando incluso a los recursos que planteó al último Ejecutivo del PP. Sin embargo, un tema tan trascendental para miles de trabajadores públicos de las Islas no se puede dar todavía por resuelto. Son muchos los puntos que quedan por aclarar; en especial sobre el alcance global e impacto real del acuerdo.