El dato resulta demoledor. El importante esfuerzo financiero realizado por Balears en los años posteriores a la crisis no ha logrado sacar a nuestra comunidad del pozo en materia de gasto social en relación con el resto del Estado. Se trata de áreas tan sensibles como la educación, la sanidad o las prestaciones sociales; servicios de primera necesidad que los ciudadanos de las Islas reciben infrafinanciados. Y eso que la época de los recortes quedó atrás. Esta es la cruda realidad a la que cabe enfrentarse cada día sin que, por desgracia, sea previsible una solución a corto o medio plazo.
Un esfuerzo solidario.
El Govern progresista que preside Francina Armengol tiene como una prioridad indiscutible la eliminación de los recortes que aplicó el Partido Popular, forzado por una severa crisis económica que obligó a reducir el gasto público. Sin embargo, no se puede evitar el hecho de que a pesar de redoblar el esfuerzo financiero para recuperar el terreno perdido, Balears sigue a la cola respecto al resto de comunidades en gasto social. La situación refleja la imposibilidad de mejorar; los recursos disponibles ya no dan para más. Este es el panorama al que se enfrentan nuestros gobernantes desde hace décadas ante la clara insensibilidad de los responsables del Estado, con independencia de su color político.
A costa de los ciudadanos.
Toda esta situación tiene una clara consecuencia. Los ciudadanos de las Islas reciben unas peores prestaciones en servicios como la sanidad, la educación o los asuntos de índole social. Con los recursos disponibles es más complicado resolver las listas de espera, la saturación de las aulas o atender la demanda de plazas en las residencias de ancianos. El hecho de que Balears sea una comunidad globalmente próspera, no es excusa para castigar de este modo a sus residentes y contribuyentes. Hace falta imponer una voluntad política que revierta este escenario de un Estado que deja de lado a las Islas.