El presidente del Consell d'Eivissa, el popular Vicent Marí, debe aprovechar de forma inmediata el ofrecimiento que hizo ayer, en la sesión de control del Parlament, el conseller balear de Medio Ambiente y Territorio del Govern balear, el separatista de Més per Mallorca Miquel Mir, y exigir formalmente el cumplimiento del convenio firmado entre ambas administraciones en 2007 por el que el Ejecutivo balear se comprometió a abonar el 30 por ciento de la planta de triaje del vertedero de Ca na Putxa. El Consell d'Eivissa no puede permitirse el lujo de perder por cuestiones formales una inyección que cifra en 22 millones de euros, máxime cuando se anticipa una época en la que habrá que pelear por cada euro ante los recortes que se avecinan en el próximo presupuesto de la Comunidad Autónoma, por el agujero millonario detectado en las cuentas de 2019.
Menos reproches.
Tanto el presidente del Consell como el Ejecutivo balear han de dejar para las sesiones de control los reproches públicos y centrarse en resolver satisfactoriamente una de las múltiples herencias históricas que mantiene la Comunidad Autónoma con los ibicencos. No es de recibo que el Govern de todos los baleares haya financiado inversiones en el tratamiento de residuos de Mallorca y no haga lo propio en la instalación de Ca na Putxa.
El distinto rasero afecta al bolsillo.
El desencuentro que se ha venido produciendo entre ambas administraciones, incluso siendo del mismo color político como en la pasada legislatura, evidencia el distinto trato que dispensa a los ciudadanos de estas islas el Govern de la Comunidad Autónoma. El distinto rasero afecta al bolsillo de cada ibicenco, ya que, en caso de no contar con la ayuda comprometida de la Comunidad Autónoma, deberán hacer frente en solitario a los costes del vertedero a través del recibo de las basuras. Una ayuda del 30 por ciento reducirá en la misma proporción el importe de la tasa, lo que reducirá de forma notable el incremento que se avecina para sufragar la inversión en el vertedero.