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Editorial

Severa sentencia contra el PSOE por los ERE

Ha sido realmente dura la sentencia de la Audiencia de Sevilla en el ‘caso ERE'. El expresidente de la Junta de Andalucía y expresidente del PSOE, José Antonio Griñán, ha sido condenado a seis años de prisión. Otros nueve exconsejeros y exresponsables de la Administración autonómica, a penas de seis a ochos años de cárcel. El también expresidente andaluz y expresidente del PSOE Manuel Chaves ha sido condenado a nueve años de inhabilitación. La diferencia entre ambos mandatarios estriba en que Griñán es culpable de malversación por su gestión como consejero de Hacienda. Las penas de inhabilitación, por prevaricación, afectan a otros dirigentes socialistas, como la exministra Magdalena Álvarez y al otrora todopoderoso Gaspar Zarrías. Es una demoledora sentencia que deja muy malparado al PSOE andaluz y que también afecta al PSOE nacional.

Sistema opaco y fraudulento.
Hay que remontarse al años 2001 para encontrar los orígenes de este caso, que tuvo una instrucción complicada iniciada por la jueza Alaya. Para hacer frente a la crisis que vivían muchas empresas andaluzas, la Junta ideó un sistema opaco y fraudulento, sin control, para conceder subvenciones a las empresas que debían afrontar expedientes de regulación de empleo. El tribunal, que ha avalado las tesis de la Fiscalía, considera probadas las responsabilidades de todos los procesados. Solo dos han quedado absueltos. Todos ellos, incluidos Chaves y Griñán, eran perfectamente conocedores de la ilegalidad que se estaba llevando a cabo.

Responsabilidades.
No ha habido enriquecimiento personal, ni financiación ilegal del PSOE –como sí ha ocurrido en el ‘caso Gurtel'– pero sí malversación y prevaricación para repartir de forma irregular 680 millones de euros. Y todo con un objetivo: favorecer una red clientelar afín al PSOE. Había que distribuir mucho dinero para seguir en el poder. Tras descubrirse el escándalo, los socialistas han pagado un duro peaje: dimisiones, derrotas electorales y ahora severas penas que no son firmes. El asunto llegará al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.

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