El actual gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni ha asumido que tendrá que indemnizar a la propiedad del chiringuito de Cala Gració una vez recibido el informe del Consell Consultiu, que confirma que la licencia de actividad presentada en su día es válida y, por lo tanto, tiene que ejecutarse. El alcalde del municipio portmanyí, Marcos Serra, ha destacado que el chiringuito podrá abrir sus puertas el próximo verano, y lamentablemente su gobierno puede verse obligado a pagar una indemnización que podrá superar el millón de euros a los propietarios del chiringuito en concepto de indemnización.
Historia de la licencia.
Recordemos la historia. La licencia fue otorgada por el anterior equipo de gobierno de Sant Antoni (el tripartito) en abril de 2018 y posteriormente fue suspendida en un pleno extraordinario el pasado mes de abril de este año por considerarla «nula de pleno derecho». Por este motivo, la propiedad del chiringuito no pudo iniciar la explotación y, lógicamente, ahora reclama compensaciones por ello. El Consell Consultiu ha dejado muy claro que el negocio tendría que haber abierto sus puertas porque contaba con licencia, aunque ésta fuese revocada más tarde.
Irresponsabilidad.
Lamentablemente, las consecuencias de la mala gestión del anterior gobierno no será asumida por ningún responsable político. Dar una licencia y luego revocarla es un ejemplo claro de irresponsabilidad, una metedura de pata que ahora previsiblemente deberán pagar los ciudadanos a través de los fondos municipales. Es muy loable proteger la costa de chiringuitos como el de Cala Gració, pero lo que no se puede hacer en ningún caso es incumplir la ley y provocar inseguridad jurídica, que es lo que hizo el gobierno que encabezaba Pep Cires. Algunos de los responsables de esta metedura de pata siguen en la oposición. Sería deseable que, al menos, pidiesen disculpas por su mala gestión, tal y como ha confirmado el propio Consell Consultiu, pero eso no ocurrirá. Resulta imposible peor herencia política.