La vivienda constituye la primera causa de desigualdad y exclusión social en Balears, según el último informe redactado por la Fundación Foessa sobre los indicadores y riesgos de la sociedad en el Archipiélago, que acaba de presentar Cáritas regional. Su conclusión es tan demoledora como preocupante: 243.000 personas están en situación de exclusión social, lo que representa el 21'5% de la población de las Islas. La principal preocupación, advierten desde las tres diócesis de Balears con los datos del Informe Foessa sobre la mesa, es la dificultad de acceder a una vivienda: 85.000 personas sufren la incertidumbre de quedarse sin hogar, 120.000 personas viven en casas inadecuadas y un 14% de la población balear está en el umbral de la pobreza severa tras descontar gastos o deudas para el pago de la vivienda o suministros.
Repunte de la morosidad.
En este contexto el Govern constata cómo en tres años se ha producido un repunte en el impago de los alquileres al Institut Balear de la Vivenda, con 1.273 inquilinos morosos que adeudan 7,5 millones de euros a la Conselleria d'Habitatge. Este departamento ha detectado abusos de quien dispone de recursos y no paga, mafias organizadas que controlan viviendas públicas, ocupación y realquiler a terceros para obtener beneficios ilegales. Es preciso actuar, y para ello el Ibavi recabará la colaboración de agentes de la Policía y Guardia Civil al ejecutar los desahucios.
Infracciones y vulnerabilidades.
La Conselleria que dirige Marc Pons debe distinguir entre quienes cometen infracciones y eluden el pago del alquiler de forma intencionada, y quienes están en situación de vulnerabilidad. El Govern, que acumula casi 4.000 peticiones de vivienda, también ha registrado unos 600 inquilinos con problemas de pago. El acceso a una casa digna en Balears es un derecho imposible para muchas familias. Es preciso expulsar a quienes se aprovechan del Ibavi para dar estas viviendas a quienes realmente las necesitan.