La puesta en marcha del nuevo edificio judicial no sólo ha puesto de manifiesto que los sindicatos tenían razón cuando alertaron de que la instalación no iba a estar todo lo preparada que es exigible para prestar un servicio en buenas condiciones. También ha destapado la grave negligencia que ha cometido el Ministerio de Justicia con la ubicación y el diseño del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Filtraciones de agua, malos olores, falta de privacidad y garantías de las víctimas y el trasiego de detenidos que son conducidos a otras dependencias son algunas de las deficiencias denunciadas por los profesionales, a las que hay que sumar la ubicación en el sótano cuando hay determinadas dependencias infrautilizadas o sobredimensionadas en otros espacios más adecuados para un servicio esencial para la actividad judicial.
La actividad ordinaria paralizada.
Todo ello ha supuesto que el personal haya decidido hacer una huelga de celo, lo que supondrá la paralización de la actividad ordinaria y que solo se atiendan los casos más urgentes. La medida supone un grave contratiempo que afectará al correcto funcionamiento de otras áreas judiciales y dejará a una media de 20 ciudadanos al día sin ser atendidos. La contundencia de la medida habla por sí sola del despropósito cometido por el Ministerio de Justicia.
Fallo de diseño no corregido.
El problema se ha originado por un fallo de diseño, impropio de un Ministerio con amplia experiencia en la construcción de nuevos edificios judiciales y que merece una profunda reflexión sobre cómo se construyen los edificios públicos, además de una disculpa. Además, nada se ha hecho para corregir el error, a pesar de que las primeras denuncias por parte de los trabajadores se produjeron antes del verano. Ni el diseño ni la falta de medidas correctoras tienen ya solución. Ahora hay que exigir que el Ministerio de Justicia escuche a los profesionales y busque una solución que evite que la recuperación de la normalidad judicial sea aún más costosa de lo que se había anunciado.