Balears será la comunidad donde, este año, más crecerá la aportación del Gobierno central a la financiación autonómica. Según el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros, el Govern balear dispondrá de 2.864 millones de euros frente a los 2.668 del 2019, 175 millones más, lo que significa un incremento del 6,93 por ciento. Una cifra que supera las previsiones de la consellera de Hisenda, Rosario Sánchez, que había presupuestado 30 millones menos. Una buena noticia, sin duda, que contrasta con la negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a pagar los 78 millones de euros que adeuda a Balears en concepto de IVA. Un cantidad pendiente de cobro que se arrastra hace meses. Pero, en conjunto, estas Islas son una comunidad mal financiada, que reciben insuficientes recursos de los Presupuestos Generales del Estado, y que, además, aporta más de un millón de euros diarios a otras comunidades autónomas.
Un modelo que nos perjudica
A 370,7 millones de euros ascienden los impuestos recaudados en Balears que se invierten en otras regiones. Las islas siguen siendo vistas como una ‘comunidad rica' por lo que salen perjudicadas con el principio de solidaridad, fruto de los criterios fijados en el modelo de financiación autonómica aprobado en julio de 2009 con la abstención de las autonomías gobernadas por el PP; un modelo que cuyo vigencia terminó en 2014, pero se sigue aplicando.
Una revisión que no se puede demorar
Tras ser investido presidente, Pedro Sánchez anuncia que agotará la legislatura -los ‘1.400 días' de gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos-, con dos grandes cuestiones: el conflicto catalán y aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Para Balears la prioridad consiste en cambiar las fórmulas de financiación autonómica para dejar de ser una comunidad maltratada. Por criterios de crecimiento demográfico y sobrecostes de insularidad, ya no se puede demorar esta revisión.