Por acuerdo del Consell de Govern, los trabajadores públicos, pertenecientes a la Administración autonómica deberán superar una «evaluación presencial» de sus sospechas de contagio del COVID-19 ante el Servei de Prevenció de Riscs Laborals. La medida tiene por objeto evitar el abandono o las incomparecencias masivas de los funcionarios y personal laboral de la Comunitat Autònoma en sus respectivos puestos de trabajo, circunstancia que se detectó la pasada semana en la Conselleria de Treball cuando recibió una avalancha de tramitaciones de ERTE. Frente a esta actitud, que benévolamente sólo puede calificarse de insolidaria, se ha tenido que aplicar un protocolo de control frente a los desaprensivos.
Denuncia sindical.
Resulta llamativo que sólo un sindicato, STEI Intersindical, haya emitido una nota crítica con la decisión del Govern. En las actuales circunstancias, no puede pasarse por alto que se tengan que establecer medidas para evitar el abandono injustificado de sus puestos de trabajo a determinados trabajadores públicos, que argumentan síntomas de un posible contagio por coranovirus y dejan toda la carga laboral a sus compañeros. Posturas como éstas son las que garantizan el colapso administrativo en la tramitación de una documentación esencial para el cobro de las prestaciones de decenas de miles de trabajadores.
Trabajadores insolidarios.
Mientras centenares de sanitarios sufren las consecuencias del contagio del COVID-19, miles de ellos redoblan sus esfuerzos para atender a los enfermos y otros tantos trabajadores –públicos y civiles– cumplen con sus tareas en unos momentos tan complicados como los actuales, es inadmisible que haya un colectivo de empleados autonómicos que recurra a la picaresca para eludir sus responsabilidades laborales. Los aplausos diarios de los ciudadanos no son para ellos. Nunca los merecerán.