El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, presentó ayer el paquete de 45 medidas que trasladará al Govern para que las incluya en el decreto ley que ha anunciado para reactivar la economía y de cuyo contenido nada se sabe todavía. En una negociación sin vencedores ni vencidos, todos han cedido parte de sus pretensiones iniciales en aras de un acuerdo que parece amplio, a pesar de la falta de puesta en escena, de la sorprendente e infantil falta de valoración ayer del PSOE y de la anticuada posición de los sindicatos que quieren más personal para acabar con el yugo de la burocracia. Aunque muchas de las medidas no tendrán el efecto inmediato que la economía ibicenca necesita, la propuesta va en el buen camino de liberalizar la economía y flexibilizar las normas.
Ampliaciones a cambio de sostenibilidad.
La medida más impactante es permitir ampliaciones de hasta 25 metros cuadrados en viviendas de hasta 150 metros, límite impuesto por el PSOE, durante un máximo de tres años, periodo sugerido por Podemos, a cambio de inversiones en eficiencia hídrica y energética. El propietario deberá pagar a su ayuntamiento un 15% del proyecto, importe que deberá ser destinado a inversiones hidráulicas. Se trata de una muy buen iniciativa que contribuye a resolver muchas cuestiones diferentes al mismo tiempo, aunque lamentablemente no tendrá efectivos a corto plazo. La aplicación de la declaración responsable en las obras menores sí tendrá beneficios inmediatos, ya que permitirá a los propietarios empezar las obras de un día para otro.
El Govern debe aceptar la propuesta.
Francina Armengol tiene una magnífica oportunidad de demostrar que el federalismo interior, concepto difuso que suele utilizar, es real y no un mero eslogan. Que otras islas no quieran aplicar en su territorio algunas de las medidas que los partidos ibicencos han consensuado no es óbice para que éstas no puedan ser implementadas exclusivamente en Ibiza. Existen antecedentes, uno de los últimos la Ley de Caminos, de normas que se aprueban específicamente para un determinado territorio. El Consell d'Eivissa gestiona la competencia plena en ordenación del territorio y las leyes autonómicas deben contribuir a ello y evitar cercenar el autogobierno.