El titular de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, anunció ayer que, con carácter general, los alumnos no volverán a las aulas hasta el próximo mes de septiembre. Hasta entonces se arbitran medidas parciales en los diferentes niveles educativos, principalmente una combinación de clases presenciales y telemáticas con la certeza de un aprobado general, salvo contadas excepciones. En los niveles de 0 a 6 años, los centros que dependen del Govern tampoco reabrirán, mientras que los de titularidad municipal o concertada lo podrán hacer salvaguardando la distancia social. En definitiva, una decisión que perjudica a alumnos y familias sin que se hayan arbitrado medidas para paliar las consecuencias más negativas.
Los ejemplos europeos.
Mientras en numerosos países europeos se ha logrado reactivar la actividad docente, en Baleares se ha optado por pasar de curso, decisión muy cuestionable desde el punto de vista pedagógico, y prolongar una situación anómala del alumnado y sus familias. Desde el pasado mes de marzo los centros educativos están cerrados a cal y canto, lo que ha mermado la calidad educativa y formativa de todo el alumnado. Los expertos ya han advertido de un problema que las autoridades se obstinan en ignorar, mientras se presentan rutilantes planes de reactivación económica: la educación también debería ser una prioridad social.
Medidas complementarias.
Prorrogar hasta septiembre el regreso efectivo a las aulas genera, como es fácil adivinar, importantes problemas de conciliación familiar que nadie parece querer asumir, máxime después de la reapertura progresiva de los centros de trabajo. Llevar a la práctica los planes de Educació, que ha cedido a la presión de los docentes, implica promover planes de fomento del teletrabajo o ayudas directas en el caso de la educación especial. No es aceptable desentenderse del problema como ha hecho el departamento de Educación.