La publicación durante la tarde de ayer, más de 48 horas después de su aprobación, del decreto de medidas urgentes para activar la economía ha servido para evidenciar que el Govern balear de Francina Armengol sigue sin entender la realidad pluriinsular de las Islas Baleares, especialmente si al frente del gobierno de una de las islas gobierna el Partido Popular, como es el caso de Ibiza.
No es nuevo.
Llueve sobre mojado porque la discriminación a la que somete el Govern balear a Ibiza no es nueva. Periódico de Ibiza y Formentera ha denunciado en reiteradas ocasiones que el Govern ha perjudicado a Ibiza en el reparto de la ecotasa y forzando al Consell d'Eivissa a cofinanciar inversiones que en otros territorios son sufragadas íntegramente por el Ejecutivo balear. A todo ello, se suma la secular falta de inversiones en infraestructuras sanitarias, educativas, vivienda pública y del ciclo del agua, entre otras. En esta ocasión, la tramitación del decreto no supone un reparto de fondos, sino todo lo contrario, ya que el objetivo es articular medidas para fomentar el dinamismo empresarial para mitigar los efectos de una crisis que se prevé profunda y duradera, por la elevada exposición de la isla al sector turístico.
Decisión exclusivamente política.
Al contrario de lo que ha sucedido con las propuestas de los otros consells, las principales medidas diseñadas por el ejecutivo de Vicent Marí no han sido tenido en cuentas por el Govern por el simple hecho de que se trata del único gobierno del PP en Baleares. Es evidente que permitir pequeñas ampliaciones de las viviendas unifamiliares a cambio de inversiones en sostenibilidad es una buena medida para todas las islas y que no hay razón para justificar permitirlo en los hoteles y otras instalaciones turísticas y no en casas y naves industriales. Y también lo es que, en el caso de que la medida no quisiera aplicarse en otras islas por la oposición del correspondiente Consell, el decreto debería haberlo permitido en Ibiza, máxime cuando la competencia en ordenación territorial es propia y la medida cuenta con el apoyo de PSOE y Podemos, cuyo peso en Palma se ha demostrado que es nulo.