La inminente aprobación por parte del Govern de un decreto que incrementa las restricciones y prohibiciones en suelo rústico, además de elevar la complejidad normativa, supone un nuevo ataque al autogobierno de Ibiza. Se suma, además, al perpetrado hace pocos días en el decreto de medidas urgentes para la reactivación económica. Aunque son agresiones de diferente sentido, ambas deben ser censuradas con dureza y demuestran la falta de respeto institucional y el partidismo de Francina Armengol, cuyos continuos desprecios generan desapego y desconfianza en el gobierno que debería ser de todos los ciudadanos de las islas, no solo de Mallorca y de las islas en las que hay gobiernos del mismo color político que en el Consolat de Mar.
La voluntad de los ibicencos.
En el decreto de reactivación económica, Armengol dio voz al Consell d'Eivissa, le invitó a presentar propuestas, luego no quiso ni negociar y acabó ignorando la voluntad de los ibicencos, representada en este caso, por los partidos políticos de la primera institución insular y por patronal y sindicatos. En el que se aprobará presumiblemente esta semana, quizá hoy, da un paso más en su ataque al autonomismo de Ibiza, ya que invade competencias que son exclusivas de la primera institución de Ibiza, sin haber tenido ni tan siquiera la más mínima intención de negociar su contenido con el presidente, Vicent Marí, tal como Armengol admitió haber hecho con su homónima de Mallorca, la curiosamente también socialista Catalina Cladera. A pesar de que jurídicamente no hay duda de que el Govern tiene capacidad para aprobar el decreto y de que no parece caber recurrir a la vía judicial, no es legítimo, ni tampoco admisible políticamente, usurpar vía decreto competencias municipales e insulares, máxime cuando se trata de un obvio pago con el que contentar a sus socios de gobierno y no de una demanda social ni medioambiental.
Bochorno de Podemos.
Quien peor parado sale de este lamentable episodio son los podemitas ibicencos quienes defienden que el Govern convierta en papel mojado el PTI que ellos mismos aprobaron durante el pasado mandato, demostrado un nulo respeto al Consell d'Eivissa.