Hasta en 17 ocasiones el Gobierno central ha rechazado los requerimientos de Balears durante el estado de alarma, distintas propuestas que el Consolat de la Mar consideró que debían ponerse en práctica y que, sin embargo, no se asumieron. Justo es admitir que otras, también de calado, sí que las aceptó el mando único de la estrategia contra el coronavirus que encabeza el titular del Ministerio de Sanidad, Salvador Illa. Las iniciativas económicas han tenido más éxito que las encaminadas a flexibilizar la llegada de turistas a Balears.
El turismo, el más polémico.
Entre las negativas del Gobierno a las peticiones de la presidenta Armengol hay un buen paquete de las vinculadas a acelerar la puesta en marcha del sector turístico, vital para la economía de las Islas. No habrá subvenciones para incentivar la llegada de visitantes de la Península, tampoco al adelanto en la apertura de los aeropuertos aunque sí se aceptó su cierre; medida que pudo ser decisiva para lograr una tasa moderada de contagios en nuestra comunidad autónoma. De momento, los vuelos interinsulares siguen vetados. En el terreno de las ayudas, el sector ha logrado importantes ventajas, en especial en los ERTE para los trabajadores fijos discontinuos.
Disparidad de criterios.
Durante estas semanas del estado de alarma se ha constatado la disparidad de pareceres entre el Gobierno y las autonomías, unas divergencias que se hacían patentes tras la reunión dominical del presidente Sánchez; Andalucía, Catalunya, Galicia, Madrid o el País Vasco han dejado constancia de que no había una estrategia compartida con el mando único impuesto desde Madrid. Balears ha optado por una posición más discreta, pero tampoco ha ocultado su particular visión de la evolución de la pandemia y los criterios sobre los que se debía trabajar. Al final la disciplina y lealtad institucional se ha impuesto.