La pandemia del Covid-19, además de poner en duda algunos de los pilares del modelo económico mundial, especialmente la deslocalización industrial, de destapar la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud pública y, la dependencia de Ibiza y Formentera del turismo, obligará a toda la sociedad a hacer grandes esfuerzos para salir de la crisis que ha provocado y de la que es imposible calcular sus consecuencias. Conviene, pues, resolver de forma equilibrada los retos que tenemos por delante y no agravar las problemáticas con políticas sectarias y demagógicas.
No hay alternativa.
Éste será el primer verano sin discotecas, lo que hurtará a residentes y visitantes de una de las ofertas que atrae a miles de turistas cada verano. La decisión del Govern, comprensible desde el punto de vista sanitario, es una mala noticia para empresarios y miles de trabajadores que dependen directamente e indirectamente de esta actividad. Locales de menos de 300 personas sin pistas de baile y los beach clubs serán, si no cambian las reglas, los únicos establecimientos de ocio que podrán abrir sus puertas, no exentos de condiciones que desdibujan la oferta que les caracteriza.
La variedad de la oferta es un activo.
En los últimos años, los beach clubs se han convertido en una oferta que atrae a clientes con elevado poder adquisitivo que buscan combinar música y gastronomía a pie de playa, tanto que son una parte esencial de la oferta de la isla. En este escenario son, más que nunca, un activo esencial de la marca Ibiza y del modelo económico de la isla y, en consecuencia, han de ser protegidos, en lugar de demonizados de forma egoísta por aquellos a los que les disgustan estos locales. Máxime cuando la oferta que hay en nuestro litoral es amplia y variada y aquellos que prefieren disfrutar de otro tipo de playas pueden ir libremente a zonas donde no hay este tipo de oferta. Ibiza tiene en la variedad de propuestas que se retroalimentan unas a otras uno de sus principales rasgos característicos y envidiados. El foco debería ser, pues, minimizar las posibles contraindicaciones y la vigilancia en el cumplimiento de las normativas al mismo tiempo que se refuerza su apoyo social y político.