El Gobierno de Pedro Sánchez coló in extremis, el pasado viernes en la publicación del decreto sobre la prolongación de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre, una disposición adicional que privilegia a los empresarios de Canarias. El acuerdo es fruto de la negociación entre el gobierno de Canarias y el de la Nación, que ha acabado asumiendo buena parte de las reivindicaciones canarias. Así, amparándose en su condición de región ultraperiférica, los empresarios de Canarias podrán prolongar los ERTE mientras no se produzca la «reanudación del tráfico aéreo internacional».
Redacción ambigua.
Una vez más la redacción de la norma es ambigua y da pie a diferentes interpretaciones, un error que se repite con demasiada frecuencia. No fija una fecha concreta, ni tampoco un hito que pueda cuantificarse objetivamente. No obstante, de su inclusión y de la valoración positiva de la norma que ha hecho el gobierno autonómico («es para estar contentos», dijo el presidente Ángel Víctor Torres) se deduce claramente que el espíritu de la norma es permitir que los empresarios de Canarias puedan prolongar los ERTE sin necesidad de esperar a que se produzca una nueva prórroga.
Baleares merece el mismo trato.
El trato de favor a Canarias nada tiene que ver con su condición de región ultraperiférica, que nadie pone en duda y que justifica beneficios que Baleares no tiene. Se trata de un acuerdo político para facilitar el apoyo parlamentario de Coalición Canaria, una iniciativa política legítima, pero que supone una inaceptable discriminación al sector empresarial de Baleares. Las empresas de Ibiza y Formentera están tan afectadas como las canarios por el Covid-19, o incluso más, ya que la ralentización de los mercados coincide con la temporada alta y con la parálisis del mercado británico. Si la evolución de la pandemia es positiva, no será así en Canarias. Francina Armengol tiene la obligación de defender con uñas y dientes que los empresarios de Baleares tengan los mismos derechos y oportunidades que los de Canarias y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de rectificar una medida que es gravosa para nuestras empresas, en tanto están en desigualdad de condiciones con sus competidores canarios.