El Pacte para la Reactivació Econòmica i Social de Balears que se firmó ayer supone una apuesta política ambiciosa por parte del Govern, la cual ha contado con el apoyo de numerosas fuerzas políticas y agentes sociales. En este sentido supone un importante gesto político que ha sabido capitalizar la presidenta Francina Armengol, circunstancia que no puede obviar importantes ausencias como es el caso del principal grupo de la oposición, el Partido Popular, o formaciones integrantes del propio Pacte, como es Més per Menorca. También hay que anotar la ausencia de Vox. Hay una crítica soterrada al procedimiento seguido para la elaboración del documento, del cual ha faltado un debate generalizado y contrastado entre todos los participantes.
Aportación económica.
La cuantificación del plan gubernamental es importante, superando los 600 millones de euros. Sin embargo, es preciso señalar que el margen de maniobra del Govern es escaso, la capacidad competencial y financiera queda demasiado ajustada frente a la magnitud del problema que se avecina en Balears durante los próximos meses. Muchas de las propuestas ya proceden de iniciativas anunciadas mucho antes de la pandemia y que se han incorporado con la intención, cabe suponer, de ampliar el catálogo actuaciones. Cierto que no suponen ningún inconveniente, pero tampoco deberían contribuir a trasladar una imagen distorsionada de las capacidades reales de nuestra autonomía para reconducir la crisis.
Salvar las empresas.
Todos los expertos insisten en señalar la supervivencia de las empresas como clave para amortiguar el impacto de la crisis, una premisa que el Govern sí podría haber favorecido con rebajas fiscales en el paquete de tributos autonómicos; pero no ha sido así. El plan queda, en este apartado, falto de ambición; y lo que puede ser peor, de eficacia.