La propuesta que ha hecho llegar el Gobierno a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha indignado a las instituciones afectadas, entre otras razones porque supone retener 10.000 de los 15.000 millones que la ‘ley Montoro' tiene inmovilizados en las arcas de la administraciones locales; fondo procedente de los tributos abonados por los contribuyentes y la obligada contención en el gasto. A cambio, el Estado liberaría 5.000 millones durante este ejercicio y el próximo; la devolución de la cantidad pendiente podría llegar a demorarse durante una década. La fórmula, como es lógico, ha indignado a los responsables institucionales afectados, con independencia del color político, en tanto que supone la incautación encubierta de unos ahorros de a los que tienen derecho a beneficiarse sus ciudadanos.
Falta de liquidez.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez está dando muestras de una notable torpeza a la hora de gestionar la enorme deuda que está generando la crisis. La evidente necesidad de fondos con los que hacer frente los planes de ayudas no justifican chantajes de estas características que alarman al entramado institucional de la Administración local. Lanzar esta propuesta a la FEMP sin ningún tipo de acuerdo previo garantiza su fracaso, incluso una actitud mucho más belicosa y preventiva por parte de los afectados. La excepcional situación financiera en la que se encuentra España, con las ayudas europeas muy condicionadas, obliga a buscar soluciones excepcionales, pero no de este tipo.
Más contraprestaciones.
Sólo en Balears la cifra afectada supera los 555 millones de euros, una cantidad que de liberarse activaría la inversión pública y permitiría atender las demandas sociales más urgentes. De lo contrario, el Gobierno debería ampliar las contraprestaciones para que las finanzas locales no queden definitivamente ahogadas.