Cuando apenas faltan dos semanas para que el personal docente se incorpore a los centros escolares, y un mes para el inicio del curso, todavía se desconocen los protocolos que se aplicarán en las aulas para evitar la propagación de la COVID-19. El Gobierno central no ha dado, todavía, directrices claras y los respectivos departamentos autonómicos lanzan propuestas dispares a modo de globo sonda a la espera de la reacción de los profesionales y los padres. El desconcierto alcanza todos los niveles del sistema educativo, una situación que ya ha provocado las primeras muestras de protesta en Madrid y que corren el peligro de extenderse a todo el país.
Un comienzo atípico.
El riesgo que entraña la apertura de las aulas para la diseminación del virus es evidente, pero España no es una excepción y muchos otros países ya se han adelantado. La experiencia previa puede ser un buen indicador en la toma de decisiones que, como argumenta el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, parece lógico que se adopte de manera consensuada por todas las autonomías. Docentes y padres velan por las seguridad de los alumnos y se plantean fórmulas de aislamiento de imposible cumplimiento para muchos centros. El escenario es complejo, pero requiere la toma de decisiones para evitar la precipitación del último momento.
Canales de comunicación.
Balears no es una excepción. Educació lanza propuestas sobre grados de presencia de alumnos en las aulas según el nivel educativo, uno de los escenarios en los que los equipos directivos ya venían trabajando. Los sindicatos, por su parte, no ocultan su preocupación por el deterioro de las condiciones laborales de los docentes en esta tesitura. La cuestión preocupa, y mucho, a miles de familias en las Islas. Es por ello que es preciso alcanzar acuerdos amplios que normalicen, en la medida de lo posible, el inicio del próximo curso escolar.