El Gobierno PSOE-Unidas Podemos sigue gestionando los mismos Presupuestos Generales del Estado que en mayo de 2018 aprobó Mariano Rajoy. Un mes después, fue desalojado de La Moncloa por una moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Ejecutivo. Pero, al carecer de apoyos parlamentarios, se ha visto obligado a prorrogarlos durante el 2019 y 2020. La elaboración -y aprobación- de unos nuevos Presupuestos constituye la gran asignatura pendiente porque la situación del país hoy, con la triple emergencia sanitaria, social y económica provocada por la Covid-19, plantea unas necesidades y demandas muy distintas a las de 2018. Todo ha cambiado y el 2021 será un ejercicio clave porque España recibirá la primera aportación de los fondos de la Unión Europea destinados a reparar los daños de la pandemia e impulsar la reconstrucción socioeconómica. Nos referimos a una inyección de recursos europeos que ascenderá a 30.000 millones de euros. Es preciso garantizar el control y la aplicación presupuestaria de las inversiones aprobadas.
Negociación, interlocución y capacidad.
En este contexto carece de sentido persistir en el bloqueo. Es el momento de desbloquear la aprobación de unas nuevas cuentas públicas para cumplir con los requisitos que exige la Comisión Europea. Ello demanda capacidad de negociación e interlocución al Gobierno Sánchez-Iglesias y capacidad de acuerdo a la oposición, empezando por el PP. El relevo de Cayetana Álvarez de Toledo por Cuca Gamarra constituye un movimiento claro de Pablo Casado, que allana el camino hacia este necesario objetivo.
Baleares debe exigir más recursos.
Baleares, una de las comunidades más perjudicadas por el impacto del coronavirus, debe exigir un incremento de los recursos del Estado en los nuevos presupuestos. Corresponde al Govern Armengol liderar esta reclamación y recabar, al mismo tiempo, el apoyo de los partidos de la oposición para reforzar sus demandas.