Apartir del mañana, el Govern distribuirá entre los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado una lista de personas que deben guardar cuarentena, tanto por estar contagiadas por la COVID-19 como por haber mantenido un contacto de riesgo. La medida pretende acabar con el fraude sistemático con respecto a las medidas de prevención que dictan las autoridades sanitarias, las cuales tendrán a partir de ahora un importante refuerzo punitivo, ya que facilitará la imposición de sanciones a los infractores. Frenar el contagio es, en estos momentos, una prioridad máxima a la vista de la evolución de la pandemia en las Pitiusas.
Demasiada irresponsabilidad.
La decisión de la Conselleria de Salut es consecuencia de la constatación del elevado grado de incumplimiento de las cuarentenas, una situación que comprobaban a diario los profesionales de la sanidad pública encargados del seguimiento de los casos detectados. Las respuestas, en muchos casos, evidenciaban una total ausencia de conciencia con respecto a la gravedad de la situación sanitaria en la que se encuentra Balears. La amenaza de sanciones severas por incumplir la cuarentena quizá sea un factor disuasorio frente a los ciudadanos irresponsables, las multas previstas pueden llegar a alcanzar los 3.000 euros.
Asumir los peligros.
Muchos son los factores que influyen en este clima de despreocupación actual con respecto a la epidemia de la COVID-19, a pesar de que –afortunadamente con menor incidencia– sigue provocando numerosos ingresos hospitalarios y también se cobra nuevas vidas, en especial en los colectivos más vulnerables. Cumplir con la exigencia de la cuarentena, como en la primera ola lo fue el confinamiento total, es un método eficaz para frenar la ola de contagios que sufre Balears; la cifra de municipios exentos se va reduciendo cada semana. Las sanciones deberán tener el efecto disuasorio que todos necesitamos.