En la recta final de este año 2020 que tantas dificultades, muertes y problemas ha registrado por una pandemia mundial que lo ha cambiado todo, esperamos con expectación el resultado de las campañas de vacunación para contener los contagios del coronavirus. En el ámbito económico y laboral ha sido un año realmente calamitoso para las Islas Baleares por la paralización de los distintos sectores productivos, motivada primero por el confinamiento y, después, por una temporada que acabó abruptamente al no funcionar los supuestos corredores turísticos seguros, el cierre de fronteras de los países emisores y los repuntes de la infección. Todo ello ha desembocado en la segunda oleada en la que ahora estamos inmersos. La evolución de la pandemia es desigual en Baleares: Mallorca sigue en el máximo nivel de alerta por la velocidad de propagación de la Covid-19, con una gran presión sobre el conjunto del sistema sanitario, mientras Ibiza y Menorca no experimentan, por el momento, un gran incremento de contagios y Formentera retrocede debido a la expansión del virus. Las llamadas a la responsabilidad individual no son atendidas y el Govern se ha visto obligado a aumentar las sanciones en el nivel 4.
Reducir la tasa de contagios.
Mientras persiste la incertidumbre, todas las miradas se dirigen a la temporada de 2021. Los hoteleros aspiran a recuperar el 50 por ciento del volumen de negocio de 2019, pero es imprescindible reducir los niveles de contagio y garantizar un transporte seguro, en aviones y barcos, para desplazarse a Baleares. Y también un eficaz control de la pandemia que baje en marzo el riesgo al nivel 1. En caso contrario, no arrancará la temporada y el 2021 acentuará la contracción de la economía balear, que cierra este año con una caída del 25 por ciento, porcentaje que duplica la media nacional.rwoir oiro oirewLa naoihew orhwr wrwoir oiro oirew
Resistir y subsistir en tiempo de crisis.
Se trata, por tanto, de aguantar en este escenario de parálisis, pero la finalización de los ERTEs en enero genera enorme preocupación. Las administraciones deben garantizar la cobertura de estos expedientes y otras medidas sociales hasta que se consiga la recuperación de la economía. Empresarios y trabajadores necesitan recursos para resistir y subsistir.