La titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, visitó ayer Baleares, en concreto Mallorca, para explicar y comprometer un nueva prolongación de los ERTE para los trabajadores fijos discontinuos mediante la bonificación del 50 % de sus costes. En total, la medida supondrá un ahorro de 145 millones al sector turístico, uno de los más castigados por la crisis provocada por la pandemia y que, en el caso de nuestras Islas, ha sufrido un desplome sin precedentes. En este contexto se entiende el alivio del empresariado frente el anuncio de la ministra.
Tercera visita.
Con esta son ya tres los viajes que Yolanda Díaz ha realizado a Baleares, aunque nunca ha visitado Ibiza. Esto es la prueba de que su departamento es consciente del drama laboral que se vive desde marzo. La actividad turística es prácticamente nula desde hace más de un año. Los atisbos de apertura de los mercados en los meses de julio y agosto acabaron siendo fallidos. El cierre ha sido casi total y, en consecuencia, los hoteles y la oferta complementaria dibujan un panorama desolador. Los objetivos ya se dibujan a partir de los meses de mayo y junio, en función de la evolución de la campaña de vacunación en España y el resto de la Unión Europea.
Ayudas imprescindibles.
Dar la espalda a una comunidad como Baleares, tan dependiente del turismo, en estos momentos por parte del Gobierno sería un suicidio económico para el país y una injusticia para el conjunto de la sociedad balear. Durante décadas, el Estado ha tenido en la actividad turística de las Islas, y de otros enclaves del país, un auténtico salvavidas en los momentos más críticos. En este sentido, la fortaleza del sector turístico balear ha quedado fuera de toda duda en las épocas de recesión en España. Sin embargo, ahora, con la COVID-19, se han cerrado todas las posibilidades de subsistencia. Países confinados, fronteras cerradas, vuelos suspendidos. Negar la ayuda ahora nos abocaría al precipicio.