Cuando la tercera ola de la pandemia ya es peor que la segunda -los contagios se han triplicado y los ingresos hospitalarios se han doblado-, y Baleares se encuentra entre las ocho comunidades que superan los 500 casos de incidencia por 100.000 habitantes, el Gobierno cambia los criterios para repartir las vacunas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, modifica las cantidades asignadas a cada comunidad porque el consorcio Pzifer/BioNTech retrasa la producción y hoy suministrará a España un 44 por ciento menos de las dosis comprometidas. El Ministerio priorizará las regiones que más vacunas han administrado. Una decisión que perjudica a las comunidades que acumulan más retraso, concretamente el País Vasco y Madrid, y también afecta al conjunto de Baleares, al ser una de las autonomías con menos población vacunada.
Discrepancias y reproches.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifiestan su desacuerdo con el mismo argumento: el País Vasco y Madrid reservaron la mitad de las dosis entregadas para evitar que una interrupción en el suministro impidiera inyectar el segundo vial a quienes se les administró el primero. Pero desde la Xunta de Galicia acusan a estos dos gobiernos regionales de «no ser capaces» de vacunar al ritmo deseable y les instan a remitir las dosis que no han puesto a Galicia «donde sí somos capaces de ponerlas».
Ritmo lento, expectativas frustradas.
La vacunación contra la covid no puede convertirse en una batalla política entre el Gobierno central y las autonomías. De la eficacia y la rapidez con que se lleve a cabo dependen, en gran medida, la recuperación social y económica, así como la «nueva normalidad poscovid». El actual ritmo es excesivamente lento y no responde a las enormes expectativas creadas. El Ministerio de Sanidad debe agilizar la distribución de las vacunas y actuar con criterios técnicos, excluyendo los planteamientos políticos.