El secuestro y tortura, en apariencia voluntario, durante cuarenta y ocho horas de un discapacitado en Mallorca ha sido uno de los sucesos más comentados en los informativos de todo el país durante los últimos días. Este sórdido episodio, cuyos siete implicados se encuentran en libertad a la espera de juicio, ha generado una auténtica oleada de indignación en la sociedad balear por lo que se entiende de vulneración de principios morales básicos. Durante los dos días en los que sucedieron los hechos, ninguno de los siete implicados decidió dar marcha atrás y abandonar el lugar o, como parece lo más procedente, denunciar lo que estaba ocurriendo.
El reclamo económico.
Será el juicio el que determine el alcance de las lesiones infringidas a la víctima, uno de los extremos más delicados de este suceso, aunque lo realmente sorprendente es que se haya generado un escenario de estas características con una persona que tienen sus capacidades intelectuales disminuidas, como es el caso. La exigencia, mediante un contrato, para que una persona pueda someterse a todo tipo de vejaciones no debería ser una justificación como algunos participantes plantean; no todo puede quedar sometido a una contraprestación económica. Estamos ante unos hechos en los que sus participantes coinciden sin un vínculo previo, el único interés es el cobro por la ejecución de los delirios sexuales de un discapacitado.
Una reflexión social.
Este asunto debería generar una importante reflexión del conjunto de la sociedad en relación con el papel de las redes sociales, capaces de difundir todo tipo de reclamos y de los que se aprovechan personas sin ningún tipo de escrúpulos. No es la primera ocasión en la que tras el grupo se esconden comportamientos aberrantes, todos con sus circunstancias específicas, pero ante los que es preciso exigir contundencia para evitar que puedan volver a repetirse en el futuro.