La visita de José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el jueves a Ibiza se ha saldado con un desprecio inaceptable al Consell d'Eivissa. La institución fue excluida deliberadamente, por el mero hecho de estar gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, de la firma del protocolo de intenciones sobre vivienda, al contrario que con los consells de Mallorca y Menorca con los que firmó ayer Ábalos. También fue ignorada al evitar el ministro todo contacto para tratar la prórroga del convenio de carreteras y la negociación de uno nuevo, así como los plazos que maneja para la aprobación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Vila.
Sectarismo preocupante.
El PSOE de Ibiza ha cometido un error que describe un sectarismo preocupante al no haber tenido la sensibilidad de propiciar un encuentro entre Ábalos y el Consell d'Eivissa para tratar la prórroga del convenio de carreteras, un asunto capital, ya que el Ministerio adeuda a los ibicencos más de 15 millones de euros de obras ejecutadas y de cuyo pago nada se sabe. Además, es urgente negociar nuevas obras de envergadura, como la reforma de la E10 de Vila, para las que se necesitan fondos estatales, como ya ha empezado a negociar con Mallorca. Ábalos tuvo tiempo para ir a comer a un restaurante del puerto de Ibiza, antes de la firma del convenio del Sepes con el Govern en Can Escandell, pero no para atender las necesidades de los ibicencos en materia de carreteras, ni tampoco de responder a las seis cartas que ha enviado el Consell por este asunto.
Plan especial de vivienda pública.
La visita de Ábalos solo tuvo, pues, un efecto práctico: la firma de un convenio entre el Sepes y el Govern balear para promover un plan especial de vivienda pública en Can Escandell, instrumento contemplado en el decreto ley 3/2020 de medidas urgentes en materia de vivienda y hecho a medida para que esta zona pueda saltarse la tramitación del nuevo PGOU de Vila. Es una figura maquiavélica que permite una recalificación exprés que sortea las garantías de una tramitación ordinaria. Es un paso que acelerará la salida al mercado de las 532 VPO de la zona que, no obstante, no está exento de interrogantes, ya que el PGOU está paralizado por falta de agua, según Recursos Hídricos.