Septiembre de 2019. Inspectores de Ordenación Turística del Consell d’Eivissa, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, intentan acceder a un edificio para comprobar si allí se estaba ejerciendo la actividad ilegal de alquilar pisos a turistas. El presidente de esta comunidad de vecinos impide a los inspectores realizar su labor, momento en el que se propone una sanción de 7.000 euros. Atendidas las alegaciones, aplicada la reducción de la sanción por pronto pago y reconocimiento de la responsabilidad, finalmente el Consell d’Eivissa ha cobrado 4.200 euros. Se trata de la primera multa que cobra el Consell d’Eivissa por obstrucción a la labor inspectora en la lucha contra el alquiler de pisos a turistas, una actividad ilegal en la mayor de las Pitiusas. Esta sanción económica sienta un precedente muy claro de que no todo vale en Ibiza.
Aviso a navegantes.
«Aviso a navegantes: los administradores de fincas o las comunidades de propietarios están obligados a colaborar con el Consell d’Eivissa para evitar los pisos turísticos pirata. Seguimos abriendo nuevas líneas de trabajo», advertía ayer Mariano Juan, vicepresidente primero del Consell d’Eivissa y responsable del área de Lucha contra el Intrusismo. Y es que el hecho de multar a una comunidad de vecinos por no permitir la labor inspectora es un paso muy importante para combatir el alquiler ilegal de pisos a turistas ya que, hasta el momento, había impunidad en este sentido.
Trabajo continuo.
Una de las metas que se había marcado el equipo de gobierno del Consell d’Eivissa era luchar contra el intrusismo en todas sus vertientes, que no son pocas, en Ibiza. De hecho, la creación de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo fue una de las primeras decisiones que tomó el equipo de Gobierno. Desde su creación en el verano de 2019 se han dado pasos muy importantes, como el acuerdo suscrito con Airbnb mediante el cual la plataforma se compromete a retirar los anuncios cuando el Consell d’Eivissa notifique una resolución administrativa firme, incluidas las medidas cautelares. También han puesto en marcha las batidas en coordinación con las policías locales, Guardia Civil y Policía Nacional para detectar pisos que se alquilan de manera ilegal a turistas. Poco a poco, se están dando pasos de gigante y la duda que surge viendo el trabajo realizado ahora es, ¿qué se había hecho en la legislatura socialista pasada contra esta lacra? Al parecer, poco o nada.