La sinceridad con que se expresó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al afirmar que los nacidos entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta trabajarán más años o cobrarán menos en sus pensiones destapa el problema pendiente de las pensiones. Y aunque se vio obligado a rectificar desde La Moncloa («no tuve mi mejor día; probablemente no me expresé bien, o se me entendió mal»), lo cierto es que once millones de españoles -que integran la denominada generación del ‘baby boom'- se verán afectados por unos recortes, ineludibles por varias razones: al haberse agotado la ‘hucha de las pensiones' es preciso recurrir a los Presupuestos del Estado para cubrir los ingresos por cotizaciones sociales, con un aumento insostenible del déficit público; las cuentas no cuadran y la Seguridad Social se halla en situación de desequilibrio. A ello debemos añadir la crisis demográfica que sufre España y que la incorporación de los jóvenes al mercado laboral es escasa y precaria.
«Equidad intergeneracional»
El plan de recuperación remitido por el Gobierno a la Comisión Europea para recibir los fondos Next Generation UE incluye el compromiso de controlar y reducir el gasto en pensiones, lo que afecta a su revalorización y exige concretar el ignoto «mecanismo de equidad intergeneracional». El ministro Escrivá confirmó ayer que la reforma del actual sistema llevará la jubilación a los 67 años y afirmó, al mismo tiempo, que «en el 2025 habrá tantas jubilaciones que pedirán a los de 60 que no se vayan».
Financiar la sostenibilidad
Ni el Estado puede endeudarse de manera ilimitada ni, en breve, podrá pagar las pensiones que hoy se abonan. Es preciso hablar claro y no demorar unas medidas eficaces, fruto del pacto político y social, que, además de ser exigidas por la UE, han de aplicarse para dar respuesta a un problema cada vez mayor: la financiación de la sostenibilidad de las pensiones.