La celebración de fiestas ilegales en villas y casas de campo no es un fenómeno nuevo en Ibiza, pero en las dos últimas temporadas, sobre todo en ésta, es cuando se ha agravado el problema. Basta con echar un vistazo a las redes sociales para darse cuenta de que no se trata de una presencia insignificante sino que los organizadores las publicitan con cierta discreción para evitar ser perseguidos. Se organizan en villas y casas de campo, se transporta a los clientes a las mismas con furgonetas u otros medios, se les requiere entrada y se pide que no haya teléfonos móviles. Las Policías Locales y Nacional y la Guardia Civil combaten como pueden esta lacra, que se agrava durante los fines de semana. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana la Policía Local de Sant Antoni desmanteló una fiesta ilegal en una casa de campo con 300 personas, donde se requirió la asistencia del 061 por consumo de drogas y se descubrió, por el momento, un positivo en coronavirus.
Herramientas.
La consellera de Función Pública, Mercedes Garrido, comentó ayer en Ibiza que la ley no permite entrar en las viviendas vacacionales sin autorización de quienes se encuentren dentro, lo que dificulta enormemente la labor policial. Afirmó, además, que los dueños de las casas se enfrentan a la posible retirada de la licencia de vivienda vacacional, pero reconoció que se trata de un proceso largo y denso para que se haga efectivo. Por el momento, no se ha retirado ninguna licencia de vivienda vacacional por organizar fiestas, según comentó Garrido, quien destacó que para poder entrar en las casas cuando se están organizando fiestas ilegales debería haber un cambio normativo a nivel estatal. Sin duda, hacen falta herramientas más ágiles y efectivas para luchar contra la lacra de las fiestas ilegales en villas y casas de campo.
El ocio legal, a la espera.
La proliferación de este tipo de actividades ilícitas es consecuencia directa del cierre del ocio nocturno legal, que se mantiene a la espera de poder abrir en condiciones de seguridad. La consellera Garrido afirmó ayer que si los contagios se mantienen estables y se frena la escalada de los mismos, al tiempo que sigue el ritmo de vacunación, podrían abrirse las discotecas a partir del día 26. Mientras tanto, seguirán celebrándose fiestas ilegales a 50,60 o 100 euros la entrada en villas y casas de campo y seguirán siendo los vecinos quienes alerten a las autoridades del descontrol en las mismas. Hasta que ocurra una verdadera desgracia.