El segundo debate insular de política general de Ibiza de esta legislatura sirvió para hacer balance de estos dos últimos años. El equipo de gobierno del Consell d'Eivissa, formado por PP y Cs y con Vicent Marí a la cabeza, ha tenido que gestionar con el telón de fondo de una pandemia mundial sanitaria de coronavirus, que igual que en el resto del mundo afectó y sigue afectando de manera grave a la mayor de las Pitiusas. Una pandemia que, sin duda, ha marcado las decisiones del equipo de gobierno, como el pago de las prestaciones extraordinarias de 600.000 euros en materia de servicios sociales (siendo el Consell d'Eivissa la única institución balear que ha tramitado y pagado estas ayudas que ya han beneficiado a 400 familias) o los 2,3 millones de euros en ayudas extraordinarias a sectores afectados por las restricciones. A esto se suma que han pagado en tiempo y forma las ayudas a las asociaciones y entidades sociales, algo que parecía imposible en la legislatura pasada, además de movilizar 1,5 millones para ayudar al mundo rural y ganadero.
El debate.
El debate de ayer sirvió para evidenciar que hay que diferenciar los hechos de las palabras. Cuando un político y su partido asumen la gestión de una institución se espera que resuelva problemas, es decir, que aporte soluciones y deje de lado las excusas y la mera palabrería. En estos dos años, se han aportado soluciones y se siguen solucionando problemas. Se ha conseguido desencallar la lista de espera de la ITV (recordemos que llegó a superar los siete meses en la legislatura pasada), se han iniciado expedientes de infracción urbanística por valor de seis millones, se han retirado un centenar de vallas ilegales y se han puesto al día los pagos de las ayudas a entidades sociales y asociaciones, entre otras metas. Además, se ha aprobado un reglamento de simplificación administrativa para evitar duplicidades burocráticas y contribuir a la recuperación económica de la mayor de las Pitiusas. Es evidente que queda mucho por hacer en éstos y otros muchos aspectos y problemas que afectan a Ibiza, pero en estos dos años se han dado pequeños pasos de gigante frente al estancamiento que percibía buena parte de la ciudadanía en la legislatura pasada. Frente a esta exposición de resultados, Unidas Podemos y PSOE criticaron que el Consell d'Eivissa se «pone de perfil» a la hora de ayudar a la ciudadanía, a criticar que la idea de limitar la entrada de coches partió de ellos hace dos años o bien presentaron propuestas que el equipo de gobierno ya tiene en marcha. También se quejaron de que el equipo de gobierno no aprobó su propuesta de ayudar a los vecinos del Don Pepe cuando los vecinos lo que quieren es conservar su casa o bien tener otro hogar. Respecto al Don Pepe, además, llama la atención que los socialistas y podemitas votaran en contra de dar una solución legislativa que daría una salida rápida y digna a estos vecinos y que pasaría por poder reformar el edificio en lugar de tirarlo y dejarlos sin casa.
Los retos.
En lo que sí hubo acuerdo es en pedir al Govern que ponga herramientas y freno a lo que este año ya se puede considerar, sin duda, una lacra más en el intrusismo en Ibiza: las fiestas ilegales en villas y casas de campo. Muy acertadamente, el equipo de gobierno del Consell d'Eivissa quiere que las viviendas turísticas pasen a estar incluidas en la Ley de Actividades para que así se considere un establecimiento público, pueda acceder la policía y no tengan que esperar a que salgan los participantes. También piden al Ejecutivo autonómico que se pueda quitar de manera rápida la licencia de vivienda turística cuando se compruebe que se hacen fiestas ilegales. Por delante tienen dos años para seguir trabajando y demostrando que los resultados se consiguen, como hasta ahora, con hechos.