La ampliación de la concesión de Marina Ibiza a Serveis Marítims Port d'Eivissa (SEMAR) por un plazo adicional de 6,8 años y con un muy relevante incremento de 1.187 metros cuadrados más de edificación (un 63 % más), no solo durante el plazo adicional sino también durante los más de 10 años que faltaban en el momento de la aprobación para acabar la concesión, es cuando menos sorprendente. Tanto por las numerosas irregularidades con las que se culminó la tramitación como por las pírricas compensaciones que aceptó el ente para facilitar un formidable incremento de negocio al concesionario. La información que publicamos hoy y la de las ediciones del domingo y de ayer reflejan la impunidad con la que Autoridad Portuaria se salta los procedimientos administrativos a su antojo y, fruto de ello, la enorme discrecionalidad con la que permite que unos empresarios sean beneficiados.
Connivencia.
Los cálculos sobre los que se basaron los informes de la consultora independiente contratada a tal efecto para justificar que el incremento del canon y la inversión comprometida eran proporcionales con la ampliación proyectada y que facilitaron la luz verde de Puertos del Estado y, posteriormente y en base a ellos, la aprobación del Consejo de Administración nada tienen que ver con el resultado final. Y es que el proyecto finalmente ejecutado no tiene nada que ver con el presentado y el incremento de edificabilidad excede, en mucho, al que en teoría se estaba autorizado. Inicialmente, APB dio luz verde a 474 metros cuadrados adicionales y finalmente fueron 1.185 metros, es decir, más del doble.
Más metros.
Durante los 6,8 años adicionales autorizados, el coste de la concesión para Marina Ibiza por metro cuadrado de edificación, sumando el canon a abonar a Autoridad Portuaria y la inversión comprometida anualizada, será más bajo que el autorizado en la concesión original. Autoridad Portuaria ingresará más y Marina Ibiza, mucho más todavía. Y todo ello, además, cuando toda ampliación de cualquier edificación es irregular, ya que el puerto carece de Plan Especial y, por lo tanto, los edificios no pueden disponer de licencia de obras municipal. Sorprendente.