A pesar del predicamento del que gozan en las localidades en las que se asientan los clubs náuticos y de que que han venido jugando un papel clave tanto en la promoción y el fomento de la práctica del deporte de la vela como en facilitar el acceso al mar a los propietarios que tienen embarcaciones de recreo en sus muelles, el futuro de estas entidades es cada vez más complicado. Tanto que podríamos estar ante una suerte de especie en peligro de extinción en Baleares, especialmente si se ubican en uno de los cinco puertos de interés general, ya que los que están en puertos autonómicos disfrutan de largas concesiones en vigor, por lo que no peligran a corto plazo. La razón es la falta de una legislación apropiada que garantice un tratamiento diferencial respecto a las empresas que, legítimamente, buscan hacer negocio con la explotación de marinas deportivas.
El caso del Club Náutico de Ibiza.
Es el caso del Club Náutico de Ibiza, entidad centenaria que se verá abocada a competir en igualdad de condiciones con empresas privadas para lograr retener los muelles y las instalaciones en las que se ubica desde hace 94 años. Es sorprendente que el apoyo que brindan los gobernantes locales a este tipo de entidades y que, en el caso de Ibiza, es unánime, no se haya traducido en una modificación de la Ley de Puertos que garantice la viabilidad de dichas instituciones y, con ella, el cumplimiento de sus objetos sociales, ya que se trata de entidades de interés público. La sentencia del TSJB ratificada por el Tribunal Supremo supone un antes y un después que complica el futuro de estas entidades, ya que los fallos han descartado que el arraigo social pueda ser tenido en cuenta y que las autorizaciones puedan tramitarse a través de la concurrencia de proyectos y obligan a licitar las renovaciones a través de un concurso público.
Desigualdad de condiciones.
Aunque tienen la ventaja de que ser entidades sin ánimo de lucro y, por lo tanto, pueden ofertar sin margen de beneficio, las empresas especializadas en la gestión de marinas disponen de mayor capacidad financiera y, por lo tanto, especialmente si forman parte de un grupo con intereses en varios puertos como suele ser habitual, competir con solvencia en una licitación en la que, además, el historial tampoco es tenido en cuenta. Corren malos tiempos para la náutica social.