El Gobierno ha decidido reaccionar ante la escalada imparable del precio de la energía eléctrica, que hoy volverá a establecer un nuevo récord con un precio medio de 172,78 euros el megavario hora. Mediante un decreto ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros se establecen las nuevas condiciones del mercado eléctrico español, en el que figuran las medidas con las que se pretende amortiguar el alza continuada de la luz, tanto para los consumidores particulares como las empresas. A modo de resumen, las contención en los precios pasan por un recorte de los beneficios de las eléctricas obtenidos por el elevado precio del gas y, también, con la reducción de la presión fiscal en diferentes conceptos.
Un primer paso.
El decreto aprobado ayer supone el primer paso del Gobierno para crear un nuevo marco regulador del sector eléctrico en nuestro país, toda vez que el actual es incapaz de modular los precios ante una coyuntura tan adversa como la actual. Resulta inadmisible que los precios queden fijados siempre por los costes de la energía más cara –el gas–, una fórmula que beneficia de manera descarada –en el caso actual– a las de generación nuclear e hidroeléctrica. También hay que destacar que se reducen de manera importante los epígrafes fiscales de la factura, otro de los factores multiplicadores del precio final de la luz.
Un contrasentido.
El Gobierno debe definir con claridad qué objetivos tiene en materia de electrificación. Promover el coche eléctrico y el autoabastecimiento, por citar dos ejemplos, requiere una política estable de incentivos. Otro tanto podría decirse de una tributación que castiga a los consumidores que dan el salto a la energía eléctrica limpia en detrimento del consumo de combustibles fósiles, tal y como pretende la nueva estrategia de la Unión Europea. España no puede seguir demorando el que tiene que ser el gran salto energético del país y que no debe hacerse a costa de los consumidores ni como un instrumento silencioso de recaudación fiscal.