Han tenido que transcurrir 23 años desde la primera aprobación del Régimen Especial de Baleares (REB), en 1998, y su reforma, en 2019, para que se materialice el espíritu de una norma que pretende compensar los costes de insularidad que soporta el conjunto de la sociedad balear. La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la titular del Ministerio de Hacienda, María José Montero, firmaron ayer en Mallorca la inclusión en los presupuestos del Estado del llamado factor de insularidad. Por este concepto, la Comunidad recibirá un total de 540 millones de euros en los próximos cinco años, de los que 183 millones quedarán consignados para el ejercicio de 2022. El acuerdo rompe con décadas de rechazo a las exigencias de compensación formuladas desde las Islas, con independencia del color político de sus representantes.
No es un privilegio.
La firma de ayer tiene un importante significado, supone admitir –por parte del Estado– que Baleares necesita ver compensados los costes de insularidad con una aportación suplementaria. La fórmula anterior, con la que el Gobierno central trataba de alcanzar el mismo objetivo –la firma de convenios– se ha demostrado ineficaz por arbitraria. El Régimen Especial no es un capricho ni pretende ser un privilegio frente al resto de territorios, al contrario, es la herramienta que anula diferencias inaceptables en un modelo de financiación que castiga casi de manera obsesiva a las Islas.
Culminar la tarea.
El acuerdo de ayer merece, no obstante, ciertas reservas, ya que falta de conocer la letra pequeña y los métodos reales de cálculo de los técnicos del Ministerio de Hacienda, expertos en aprovechar su posición de fuerza para quedarse con la mejor parte, así que como la inclusión de otras medidas de carácter fiscal, indispensables para que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones con las ubicadas en la Península. La unidad y la perseverancia en la reclamación se han demostrado como las armas más eficaces para hacer entrar en razón al Gobierno.