Tras anunciarlo el domingo durante el congreso del PSOE de Andalucía, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha afanado en llevar con una inusual celeridad al Consejo de Ministro del martes la reforma del impuesto de plusvalía municipal, después de que, el pasado 26 de octubre, el Tribunal Constitucional dejara el tributo en suspenso al entender que en varios de sus aspectos era «excesivo o exagerado» y podía lesionar el principio de no confiscatoriedad. Con la aprobación de la mencionada reforma mediante decreto-ley, los ayuntamientos de toda España vuelven a respirar tranquilos al poder gravar exclusivamente todas aquellas transacciones inmobiliarias donde haya un aumento de valor y dejar de hacerlo en los que no se había producido lucro.
Celeridad deseable.
11 son los días que han transcurrido desde la publicación de la noticia que anticipó la sentencia del Constitucional y la reforma del impuesto de plusvalía. Una celeridad inusual en la administración pública que sería deseable se aplicara en otros ámbitos de una administración que se caracteriza por una lentitud y burocracia exasperante. En este caso, para no perder tiempo ni oportunidad de seguir imponiendo peaje fiscal a todo propietario que se desprenda de un inmueble sea por negocio o necesidad. Viviendas a los que esos mismos ayuntamientos cargan puntualmente un IBI y los gobiernos autonómicos impuestos de Transmisiones, Sucesiones o Donaciones y Actos Jurídicos Documentados.
Consenso deseable.
También es deseable que el inusual consenso político que ha producido la veloz reintroducción del impuesto en nuestro sistema recaudatorio se reprodujera en otros aspectos también relevantes. Alcaldes desde Vox a las confluencias de Podemos, pasando por los nacionalistas y regionalistas, han aplaudido una medida que garantiza unos ingresos que, con una mejor gestión y un menor despilfarro, son en realidad innecesarios.