Los presupuestos del Govern para 2022 prevén partidas para la ampliación de la actual red de ferrocarril en Mallorca y una inversión millonaria en la compra de locomotoras y vagones.
El Ejecutivo de Francina Armengol está decidido a acometer una millonaria inversión en la red ferroviaria de Mallorca, abriendo líneas de dudosa rentabilidad económica y social, como la de Artà y en menor medida las de Alcúdia y Campos, que no solo recibirán cuantiosas inversiones sino que generarán abultados déficits anuales. Todo ello supone una flagrante discriminación para los ciudadanos de Formentera, Ibiza y Menorca, y un notable perjuicio, ya que sufragan infraestructuras y déficits de un servicio que solo disfrutan los ciudadanos mallorquines, por un lado, y, a través de los respectivos consells, soportan en solitario las inversiones y el déficit del transporte público de su respectiva isla. Menos inversión.
Que las inversiones sean sufragadas en parte por los fondos de la Unión Europea no es óbice para despilfarrar alegremente y no minimiza el agravio, ya que todo euro que va al tren de Mallorca tiene un coste de oportunidad, ya que no puede ser destinado a las necesarias inversiones que necesitan Ibiza y Formentera. Esta anomalía es consecuencia de que el Consell de Mallorca ha rechazado históricamente el traspaso de la competencia en transporte público y ha preferido, a pesar de la presencia de mallorquinistas en el gobierno de forma intermitente desde 1995, que esté en manos del gobierno de la Comunidad Autónoma, decisión que refleja por sí sola que Mallorca sale beneficiada de esta situación.
Anomalía a corregir.
Esta lacerante situación ha llegado a provocar que los ingresos que obtiene Ports IB de los puertos autonómicos, como el de Sant Antoni y Santa Eulària, sean desviados a sufragar el agujero que no para de crecer del tren mallorquín. Esta situación debe acabar con la transferencia de la competencia del transporte público al Consell de Mallorca y, al igual que ha sucedido recientemente con el traspaso de Ordenación Turística, con la compensación a las administraciones insulares, sin perjuicio de que el calado de la reorganización conlleve una modificación de la Ley de Financiación de los Consells Insulares.