La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hablado esta semana sin tapujos de la necesidad de abrir en el seno de la Unión Europea el debate sobre la implantación de la vacunación obligatoria, medida que Alemania quiere imponer para frenar el avance de una nueva ola de la covid-19. La decisión no está exenta de controversia, ya que supone subyugar derechos individuales frente a la protección colectiva en un aspecto tan delicado como es el de la inoculación de una sustancia en el cuerpo. Ningún fármaco carece de efectos secundarios y las vacunas contra la covid no son una excepción.
La experiencia.
La experiencia de los últimos meses demuestra que el saldo entre el riesgo y el beneficio individual y colectivo de la vacunación no admite dudas: las personas vacunadas están más protegidas contra el virus que aquellas que no lo están, lo que ha permitido recuperar cierta movilidad y con ella evitar el colapso de economías que dependen de ella como la de Ibiza y Formentera. El debate no es, pues, médico, sino jurídico, en tanto que plantea un conflicto sobre la prevalencia de derechos, confrontación que no es nueva ya que se reproduce en muchos otros ámbitos y siempre a favor del interés colectivo.
Medidas discriminatorias.
Es un error plantear el debate exclusivamente entre vacunación obligatoria o no, ya que hay una tercera vía que es limitar la movilidad a las personas que libremente han decidido no vacunarse, ya que se ha demostrado que son más contagiosas y, por lo tanto, su decisión pone en peligro al resto de ciudadanos. Es lo que de forma tímida supondrá el pasaporte covid en la restauración y cuyo uso se está generalizando en España. Una legislación más clara y una tecnología que facilite la labor de control a los que están obligados a pedir el pasaporte covid contribuirían a facilitar su uso en los medios de transporte colectivo y actividades donde se producen concentraciones.