Seis meses después de que se levantara la medida, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el uso de las mascarillas en el exterior volverá a ser obligatoria. Esta es, entre otras de menor impacto, la medida más llamativa de las acordadas en la conferencia de presidentes mantenida ayer –por vía telemática– en el Senado. El resto de propuestas, como la incorporación del Ejército en las tareas de rastreo o la recuperación de sanitarios jubilados, también se recuperan de iniciativas ya activadas en las olas previas de contagios de la COVID sin que, en esta ocasión –el martes se registró el pico en toda España de esta sexta oleada– se planteen restricciones severas.
Apuesta por la vacunación.
La estrategia del Gobierno se centra en acelerar, en la medida de lo posible, la vacunación de todos los tramos de edad con las nuevas pautas para frenar el avance del virus. Aunque las cifras de contagiados son espectacular, con una progresión desatada, lo cierto es que la presión hospitalaria se considera soportable aunque en Atención Primaria el colapso ya es palpable. El que la afección de la variante ómicron sea leve es el margen que da la impresión que se quiere aprovechar, tanto por el Gobierno como la mayoría de las comunidades, para posponer medidas más drásticas. La inminencia de las fechas nevideñas, en lo que significa de dimensión social y económica, podría explicar la suavidad de las acciones.
Resultado decepcionante.
El resultado final de la iniciativa del presidente Sánchez corrobora la necesidad urgente de un marco legal que permita unificar criterios ante futuras pandemias, carece de sentido que el Gobierno apenas tenga margen de maniobra –la sentencia del Tribunal Constitucional es clara– y que las medidas más drásticas estén a merced de la voluntad de diecisiete gobierno autonómicos y sus correspondientes tribunales superiores. Con estas premisas el encuentro de ayer fue decepcionante en todos los sentidos.