El Parlament aprobó el pasado martes la ley educativa, pionera en Balears y el resto del Estado; uno de los compromisos políticos más trascendentales del Govern para la presente legislatura. Sin embargo, el resultado final ha adolecido de uno de las premisas iniciales: el consenso. Las centrales sindicales y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, denuncian la falta de acuerdo en aspectos básicos de la nueva normativa, algunos de ellos modificados en el último momento de manera unilateral; como es el caso de la supresión del castellano como posible lengua vehicular, junto con la lengua catalana, en los centros educativos.
Objetivos rebajados.
Los sindicatos del sector educativo ponen especial énfasis en la rebaja de determinadas expectativas, en especial en la autonomía de los centros, inversiones y el ratio de alumnos. Los planteamientos iniciales desde la Conselleria d'Educación en esta ley eran mucho más ambiciosos, en especial para su titular, Martí March. Los acuerdos alcanzados con los agentes sociales no se han plasmado en los términos previstos, tal y como denuncian sus portavoces. El boquete puede ser una fuente de conflictos en el futuro en un colectivo tan sensible y concienciado como es el educativo.
El acuerdo lingüístico.
El descontento también alcanza al Partido Popular, la formación llamada a ser alternativa en el Govern y que ha denunciado la ruptura del consenso alcanzado en la cuestión lingüística. Las presiones de los socios ecosoberanistas del Govern, Més, han desbaratado el pacto sobre la inclusión del castellano como una de las opciones de lengua vehicular en los centros educativos –siempre respetando el decreto de mínimos–. La redacción de la ley final abre la puerta a un indeseable recurso de inconstitucionalidad, cuyo incierto final asegura mantener viva la pugna sobre nuestro modelo linguístico en la enseñanza.