El conflicto bélico desatado en Ucrania tras la invasión de Rusia ha evidenciado, una vez más, las diferencias de criterio que conviven en el Gobierno sobre la posición que debe asumir España. Al igual que ocurrió con Unidas Podemos con respecto al envío de armas ofensivas al ejército ucraniano, la polémica se ha reavivado tras el anuncio del presidente Sánchez de su intención de incrementar en presupuesto del Ministerio de Defensa en los próximos años. Los grupos parlamentarios que dan su apoyo al Goberno –incluyendo los que se sientan en el Consejo de Ministros– arrecian en sus críticas, entienden que las prioridades del país no pasan por incrementar las partidas militaristas.
La presión de la OTAN.
La guerra en Ucrania, consecuencia de la estrategia expansionista de Vladimir Putin, ha activado la adormecida OTAN y su papel de defensa del bloque occidental europeo. En este contexto no valen las posiciones tibias o contemporizadoras de la mayoría de sus miembros, parar a Rusia requiere unidad estratégica, pero también medios; en este caso tropas y armamento. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reclama que se destine al menos el 2 por ciento del PIB en Defensa para poder hacer frente con garantías a la amenaza de Rusia. Pedro Sánchez se ha comprometido a cumplir las nuevas exigencias, pero ha evitado fijar un plazo.
Compromiso político.
La política exterior española en materia de Defensa quedó muy comprometida desde la precipitada salida de las tropas españolas en Irak en 2004, por orden del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces las misiones en el extranjero del Ejército han evitado el protagonismo político, una tendencia que las actuales circunstancias obligan a variar. Frente a las amenazas de Rusia, con sus actuales mandatarios, a España no le queda margen para la indefinición.