El titular del Ministerio de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró el miércoles que el Gobierno bajará el precio de la luz, el gas y la gasolina con un decreto que tiene previsto aprobar el próximo día 29 de este mes y mediante una fórmula «inmediata y sencilla». El anuncio sigue sin adelantar qué pauta se pretende aplicar para frenar una escalada que castiga las economías familiares y la supervivencia de miles de empresas, una coyuntura que está generando un malestar social creciente agravado por el conflicto bélico en Ucrania. La inflación ya se percibe como un riesgo crónico en todo el ámbito de la Unión Europea.
Soluciones consensuadas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició ayer un recorrido por ocho países europeos para tratar de acordar en el seno de la UE una fórmula que desacople el precio del gas al de la energía eléctrica, uno de los actuales condicionantes del alza de los precios. El ministro Bolaños asegura que las bajadas en nuestro país se producirán con independencia de lo que se decida en Bruselas. De hecho, ya hay países como Alemania y Francia que han aprobado ayudas directas a las empresas y hogares para compensar los fuertes incrementos de los costes de la energía en los últimos meses. Sánchez busca un amplio acuerdo en el que participe tanto el PP como los agentes sociales.
Márgenes estrechos.
Las opciones que tiene el Consejo de Ministros para el decreto de fin de mes son escasas. Las ayudas directas, como hacen Francia y Alemania, y la rebaja en los tipos fiscales que en la actualidad gravan los consumos de la electricidad y los combustibles son, en definitiva, las únicas alternativas posibles para abordar de manera eficaz el problema; al menos a corto plazo. Lo innegable es que la sociedad española en su conjunto necesita una reacción rápida para frenar, en la medida de lo posible, el impacto más negativo de una coyuntura económica tan desfavorable y difícil como la actual.