El índice de precios al consumo del mes de marzo en España ha alcanzado el 9,8 por ciento, el más alto desde el año 1985. Los expertos vaticinan que la tendencia se mantendrá, como mínimo, hasta el próximo mes de junio, cuando se espera que cedan los precios de los combustibles. La inflación desbocada en nuestro país no puede atribuirse a una consecuencia directa del conflicto en Ucrania, como defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las subidas en el precio de la energía –el factor más determinante de esta situación– se iniciaron a partir del último trimestre del pasado ejercicio.
España, peor.
La inflación castiga a la práctica totalidad de los países europeos en mayor o menor medida, pero España se sitúa entre el grupo que acumula las subidas más notables y muy por encima de nuestros vecinos. Esta circunstancia agrava de manera muy particular la crisis al restar poder adquisitivo a las familias y competitividad a nuestras empresas. Los precios de la electricidad y de las gasolinas han tenido un impacto muy directo en los precios de la mayoría de los productos perecederos y de primera necesidad. Las protestas de los transportistas, agricultores y pescadores son la punta del enorme clima de insatisfacción que se extiende por los diferentes sectores productivos y la sociedad en general.
Un plan estructural.
La dimensión del problema deja entrever que los planes del Gobierno para hacer frente a la crisis serán insuficientes. Los problemas requieren de acciones mucho más profundas que las previstas, que da la impresión que confían en una mejora del escenario en pocos meses. Todo indica que es conveniente plantear acuerdos políticos mucho más amplios y transversales. La debilidad de la economía española exige acuerdos consensuados para salir cuanto antes de la actual espiral inflacionaria a la que resulta difícil intuirle el final.