La presunta participación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el espionaje telefónico de decenas de políticos y simpetizantes del independentismo catalán está derivando en una seria crisis institucional donde el Gobierno está perdiendo aliados indispensables para poder sacar adelante sus iniciativas. La titular del Ministerio de Defensa, Margarita Robles, se puso ayer en el centro de la polémica al argumentar este tipo de escuchas como eventual defensa del Estado frente a los secesionistas; posición que llevó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a solicitar su cese inmediato. La pérdida de apoyos parlamentarios obligó al presidente Sánchez a reclamar el apoyo del PP para poder sacar adelante hoy su paquete de medidas económicas para contrarrestar los efectos de la guerra en Ucrania.
Ambiente enrarecido
El estallido del ‘caso Pegasus', la utilización de esta sofisticada aplicación para vigilar las comunicaciones telefónicas, ha acabado de enturbiar las relaciones del Gobierno con sus socios, tanto en el caso de Unidas Podemos como las fuerzas nacionalistas e independentistas vascas y catalanas. Los intentos de mediar con la Generalitat catalana lanzados desde Madrid han fracasado, el episodio trata de reactivar el movimiento separatista que según los últimos sondeos había perdido mucha fuerza. En este pulso Pedro Sánchez se ve en la obligación de reclamar la ayuda del PP para tratar de salir del atolladero parlamentario.
Aclarar lo ocurrido
La demanda judicial que interpondrá el Parlament catalán será el que resuelva este enorme embrollo, aunque sólo sea para probar la certeza o la falsedad de las acusaciones. La ministra Robles, responsable del CNI, también advierte de las responsabilidades que se incurren con las denuncias falsas. Todo un órdago que muestra la enorme sima política que separa al Gobierno de algunos de sus socios.