Las ayudas del ingreso mínimo vital no llegan al 68 por ciento de los posibles beneficiarios en Balears, según advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este organismo, encargado de vigilar la gestión económica y fiscal de las administraciones, explica que Balears, Castilla-La Mancha y Catalunya son las tres comunidades con menor aplicación y eficacia de la que debía ser una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. En Balears podría beneficiar a 39.000 personas, pero sólo llega a 12.400. Supone que sólo percibe el ingreso mínimo vital el 32 por ciento de los posibles receptores de esta prestación, aprobada para las personas que se quedaron sin recursos durante la pandemia. La AIReF atribuye este incumplimiento a trámites burocráticos, problemas de los posibles beneficiarios para entender el lenguaje administrativo, la falta de difusión, y los requisitos exigidos, que complican la tramitación de las ayudas. A ello hay que añadir unos criterios que no acaban de estar bien determinados y la falta de agilidad para resolver los expedientes y pagar las cantidades aprobadas.
Bono joven de vivienda, una incógnita
Un problema similar afecta al bono joven de la vivienda, una ayuda de 250 euros para que jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 24.318 euros puedan pagar el alquiler. Esta medida, anunciada hace casi un año por Pedro Sánchez, constituye hoy una incógnita. Al estar asignada la gestión de esta ayuda a las comunidades autónomas, en el caso de Balears aún no se ha abierto la convocatoria.
Las prestaciones se han de pagar
Para que las ayudas públicas lleguen a todos los beneficiarios es preciso clarificar los criterios, aplicar unos requisitos que se entiendan, y, sobre todo, agilizar los procedimientos. Familias y ciudadanos afectados por una crisis que ha acentuado la inflación no pueden quedar defraudados al no percibir unas prestaciones que se anuncian pero que luego no se cobran.