El IB-Salut atendió el año pasado a 30.438 turistas en Balears y les facturó 23,3 millones de euros. Este tipo de asistencia está regulada en la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, donde se establece que «los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria».
Todas las comunidades autónomas -y con especial atención aquellas, como nuestras Islas, que registran una gran afluencia de visitantes- extreman las medidas para evitar los impagos de turistas morosos que acaban provocando pérdidas. Y, al mismo tiempo, impedir la picaresca de quienes se trasladan fuera de su país de residencia para practicar el turismo sanitario.
El nuevo director general del IB-Salut, Manuel Palomino, que hasta ahora gestionaba los Presupuestos en la sanidad pública de Balears, aumentó los controles de facturación; también el personal y los medios técnicos destinados a evitar fraudes en los hospitales protagonizados por pacientes extranjeros que se marchaban sin haber pagado la asistencia sanitaria recibida en el Archipiélago.
Tarifas y circuitos de identificación.
La actualización de las tarifas y de los circuitos de identificación de cada uno de estos usuarios, junto a la contratación de una empresa externa para perseguir a los morosos en sus países de origen y cobrar las facturas emitidas por la sanidad pública balear son algunas de las medidas que ha aplicado el IB-Salut. La asistencia sanitaria a los extranjeros no ha de acabar repercutiendo de forma negativa en las cuentas del Govern.
Métodos ágiles y eficaces.
La gestión es compleja porque las cantidades recaudadas a los visitantes comunitarios se ingresan en un fondo estatal y después se distribuyen entre las comunidades. El objetivo está fijado: la atención sanitaria a los extranjeros se debe cobrar y ello exige métodos ágiles y eficaces, que el Govern ha de aplicar sin titubeos.